SENTENCIADO POR TID ES ASESOR DE LA UGEL
Un sentenciado a cárcel efectiva por tráfico ilícito de droga, fue designado como asesor principal del actual director de la Unidad de Gestión Educativa Local. Gobernador regional, a sabiendas que el sentenciado en mención no puede ejercer cargo público, lo mantiene en el cargo. Tras la accidentada designación de Tito Ronar Rengifo Flores, en el cargo de director de la UGEL Mariscal Ramón Castilla/Caballococha, se contrató al abogado Carlos Enrique Araujo Cabezas para que ocupe el cargo de asesor legal de la citada unidad, cargo que lo ejerce a disposición directa del director UGEL y del Gobernador Regional de Loreto – Elisbán Ochoa Sosa. Carlos Enrique Araujo Cabezas en enero del 2016, fue sentenciado como autor del delito contra la salud pública – tráfico ilícito de drogas, en la modalidad de promoción o favorecimiento al consumo ilegal de drogas, por lo que se le impuso a 5 años con 4 meses de pena privativa de la libertad, pero como atravesaba por cárcel preventiva de 1 año y dos meses, su máxima pena culminaría el 25 de febrero del 2020; añadido a este fallo se le sentenció a 4 años de inhabilitación y al pago de una reparación civil a favor del estado peruano. Cabe precisar que, el poder ejecutivo promulgó en julio de 2018 la ley N°30174 que establece requisitos para prestar servicios en el sector público, como no tener condena por terrorismo o por tráfico ilícito de droga, hecho advertido en el ítem 6 del artículo 1 de la ley en referencia. Según la normativa en mención, esta ley alcanza a todas las entidades de la administración pública bajo cualquier régimen de prestación de servicios personales, pero para la gestión del actual gobernador regional – Elisbán Ochoa Sosa, ninguna ley es aplicable a la hora de contratar a los operadores políticos que contribuyeron en la campaña. Cabe precisar que, a inicios del mes de marzo del año pasado nuestro medio informó sobre la irregular contratación de Carlos Enrique Araujo Cabezas como asesor DREL, cuya denuncia presentada ante mesa de parte de la contraloría regional pero después de un año nos encontramos con la misma información sin que nadie sea sancionado o denunciado por este hecho. (Patrick López)