Investigan a empresario maderero Vargas Pulido

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En agosto del 2018, la Asociación de Agroexportadores (ADEX) destacó a Edgar Neme Vargas Pulido (54) como el exportador de la semana por las ventas de madera de su compañía Grupo Vargas Negocios Amazónicos SAC a China y República Dominicana. Dos años y medio después, el maderero conocido en Pucallpa como “Chato” Vargas se encuentra impedido de salir del país por estar investigado como presunto integrante de “Los fantasmas de Ucayali”, organización criminal que, según la fiscalía, estaba integrada por más de 30 personas que desfalcaron por más de S/ 20 millones a la Municipalidad de Yarinacocha.

En la madrugada del último 25 de febrero, más de 200 efectivos policiales y 40 fiscales realizaron un megaoperativo en la provincia de Coronel Portillo (Ucayali), para detener a 37 personas –entre funcionarios públicos y empresarios– acusados de ser parte de una red criminal que se benefició de 53 contratos públicos con sospecha de sobrevaloración en obras, servicios y compras a “empresas fantasmas”. Los servicios que tenían estas compañías iban desde la limpieza de canales, mantenimiento de calles, áreas verdes e instalación de juegos mecánicos en parques públicos. Todos estos trabajos fueron pagados por la comuna, aunque algunos nunca se realizaron.

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ucayali identificó a la alcaldesa de Yarinacocha, Jerly Diaz Chota, alias “Muñeca”, como la presunta cabecilla de la red criminal. De acuerdo a los documentos a los que accedió OjoPúblico, Díaz Chota era la encargada de coordinar con otros trabajadores del municipio la contratación directa de las empresas de fachada. Luego aceleraban el pago –de uno a tres días de haberse emitido la orden de servicio–, los empresarios retiraban el dinero quedándose con un diezmo y devolviendo el resto a la líder de la organización.

Por este modus operandi han sido detectados 17 presuntos testaferros, entre ellos destaca el exportador maderero Edgar Vargas Pulido, conocido en el mundo empresarial como “Chato” Vargas.

La fiscalía, a cargo de Dennis Michael Vega Sotelo, sostiene que el Grupo Vargas Negocios Amazónicos SAC, empresa de Edgar Vargas, se benefició por adjudicaciones de seis servicios de mantenimiento de parques e implementación de juegos recreativos que nunca se realizaron, incurriendo en los delitos de organización criminal y colusión agravada en perjuicio de la municipalidad de Yarinacocha. Además, sostiene que el empresario maderero recién incursionó en la actividad de mantenimiento y limpieza en el 2020 para contratar únicamente con la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

GRUPO VARGAS NEGOCIOS AMAZÓNICOS SAC SE BENEFICIÓ DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PARQUES QUE NUNCA REALIZÓ”.

El juez Gino Tello, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Ucayali, dictó 36 meses de prisión preventiva para la alcaldesa de Yarinachocha, Jerly Díaz, por presuntamente liderar “Los Fantasmas de Ucayali”. En el caso de Vargas Pulido, el juez Tello dio comparecencia con restricciones al empresario al no encontrar suficientes elementos de convicción graves para seguir el proceso en reclusión.

El fiscal Dennis Vega, de la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado de Ucayali, indicó a OjoPúblico que apelará la decisión del juez, pues se solicitó para Vargas Pulido 36 meses de prisión preventiva por los delitos de organización criminal y colusión agravada.

Este medio se comunicó con la abogada Diana Toledo, representante legal del empresario en el caso “Los fantasmas de Ucayali”, y en un primer momento indicó que Vargas Pulido se comunicaría con OjoPúblico para la entrevista, la llamada no se concretó. Al cierre de este informe, la abogada señaló que “no autorizaban la publicación y procederán legalmente”.

Una maderera en servicios de mantenimiento

La investigación fiscal ha identificado que el Grupo Vargas Negocios Amazónicos SAC, creada el 2004 y dedicada al aserrado y comercialización de madera, y con sede en el kilómetro 13.2 de la carretera Federico Basadre, Coronel Portillo, contrató en seis oportunidades, de julio y septiembre del 2020 durante la pandemia, con la municipalidad de Yarinacocha. Dichas adjudicaciones contemplaban servicios de mantenimiento de parques e implementación de juegos recreativos, por S/190.100 totales.

Además, la fiscalía afirma en su requerimiento de prisión preventiva, al que accedió OjoPúblico, que la empresa de Vargas habría causado un perjuicio económico de S/375.812, pues es el monto que aparece contratando con la municipalidad de Yarinacocha en el portal de Proveedores del Estado. Por estas contrataciones irregulares, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado sancionó al Grupo Vargas Negocios Amazónicos SAC con una suspensión temporal de tres años, iniciando el 12 de marzo y culminará en abril del 2024. Según el OSCE, la empresa incumplió su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar acuerdos marco y presentar documentos falsos o adulterados a las entidades públicas.

Hasta entonces, la empresa no registraba entre sus actividades este tipo de servicios en Sunat: recién incursionó en el rubro de mantenimiento el año pasado, cuando contrató con la municipalidad de Yarinacocha. Hasta ese momento sus mayores actividades eran la exportación de madera shihuahuaco, pumaquiro, quinilla a República Dominicana, China y Francia.

EL MADERERO INCURSIONÓ RECIÉN EN LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL 2020″.

Además del rubro maderero, el Grupo Vargas tiene antecedentes de importantes contrataciones con el Estado. Entre 2017 y 2018, por ejemplo, alquiló maquinarias al gobierno regional de La Libertad y las municipalidades de Virú y Chao para la atención de la emergencia del Niño Costero y renovar sistemas de riego; por montos que superaron los S/ 11 millones.

En la contratación con la municipalidad de Yarinacocha, no obstante, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ucayali detectó que la adjudicación de los servicios y los pagos a la empresa se dieron sin presentar información detallada de las actividades de mantenimiento que realizaron, como cantidad de plantas sembradas, instalación de juegos mecánicos, entre otros. Pese a esto, el municipio realizó el desembolso a la firma del sector maderero.

Los negocios de Vargas

El empresario Vargas Pulido incursionó en el sector maderero a mediados del 2013, como gerente de Inversiones Forestales H & J -una empresa ya dada de baja-, que estuvo domiciliada en el kilómetro 13,2 de la carretera Federico Basadre en Ucayali. Ese mismo año, y en la misma dirección, empezó a operar el Grupo Vargas.

Existe, además, una tercera empresa con la misma dirección. Se trata de Eco Forestal Ucayali SAC (Ecofusac), que desde agosto de 2015 tiene como gerente general a Vargas Pulido. Según registros públicos, los socios fundadores de esta maderera son Erick Sayes y Berrospi, Gandy Abel Dávila Rojas, Luis Humberto Becerril Navarro, Tito Pérez Gómez y José Carlos Estrada Huayta; este último acusado de ser el autor intelectual del asesinato de cuatro líderes indígenas de la comunidad Alto Tamaya Saweto, en 2014.

En el rubro maderero, Vargas Pulido también representa al Consorcio C & V, que inició actividades en 2018. Y, por otro lado, figura desde 2009 como directivo de Naviera J & A SAC, dedicada al transporte de carga, actividades de clubes deportivos y venta al por menor de productos de tabaco. Finalmente, el empresario ha sido directivo de Avícola Good Hen SA, dada de baja en 2006, y la Minera Ajevar EIRL, hoy con suspensión temporal de actividades.

Dos de estas empresas -Grupo Vargas Negocios Amazónicos SAC e Inversiones Forestales H & J EIRL- registran exportaciones entre 2013 y 2021. En conjunto, ambas firmas acumulan más de US$ 7 millones en envíos de madera, principalmente a China, Francia y República Dominicana.

En la mira por delitos ambientales

El empresario afronta dos investigaciones adicionales en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de la región Loreto por la presunta comisión de delitos contra los bosques y formaciones boscosas.

En el primer caso, de 2011, el empresario se encuentra involucrado como representante legal de Coorporation Amazon Wood SAC, una compañía dada de baja en 2017, que se dedicaba al sector aserradero y transporte de carga fluvial. Esta carpeta se encuentra en etapa de investigación preparatoria. Mientras que el otro expediente, iniciado en la sede de Nauta, en 2015, está en fase preliminar e involucra a otras tres personas.

Además, el 20 de agosto de 2015, la FEMA Ucayali inmovilizó 372.759 pies tablares de madera extraída de la comunidad indígena Paoyhan, ubicada en el distrito de Padre Márquez, en Loreto. Los propietarios de este cargamento, según la intervención fiscal, eran las empresas Coorporation Amazon Wood SAC -dada de baja en 2017- y el Grupo Vargas.

La inmovilización se dio al detectar irregularidades en la documentación de la madera, pues no garantizaba su origen legal. Sin embargo, el fiscal Junior Vladimir Castañeda Ccori, a cargo de dicha intervención, explicó a OjoPúblico que aquella vez reportó la inmovilización del cargamento y las irregularidades en la documentación a la FEMA Loreto y el gobierno regional  para que realicen la denuncia. “Dejé el caso en manos de las autoridades del territorio”, dijo el exfiscal ambiental de Ucayali. Sin embargo, pese a las evidencias recogidas en el trabajo de campo, el caso no se formalizó ni se abrió carpeta fiscal alguna.

La fiscalía identificó que los cargamentos de madera eran transportados en diez vehículos: seis sin placa, pero con el nombre del Grupo Vargas en el parabrisas; y otros cuatro con placa perteneciente a la empresa Inversiones Forestales HyJ EIRL, donde Vargas Pulido se desempeñó como gerente titular hasta que la compañía fue dada de baja, en 2013.

La comunidad Shipibo-Konibo de Paoyhan declaró a la fiscalía que tenía un contrato con la empresa de Vargas Pulido, pero no reportó que dicho documento contaba con un permiso forestal vencido en noviembre de 2009. Es decir, seis años antes de la diligencia fiscal.

“Durante la intervención se pudo observar actitudes sospechosas por parte de los conductores de los camiones tronqueros, al intentar camuflar los camiones cargados de madera rolliza entre las malezas del bosque”, se lee en el informe de intervención fiscal al que accedió OjoPúblico.

LA FEMA UCAYALI INMOVILIZÓ UN CARGAMENTO DE MADERA DE LA EMPRESA GRUPO VARGAS PORQUE NO CONTABA CON AUTORIZACIÓN”.

OjoPúblico también accedió al registro de Guías de Transporte Forestal de Ucayali correspondientes al Grupo Vargas. Estos documentos, indispensables para movilizar madera dentro del Perú, acreditan la cantidad, especie y origen del recurso que adquieren y movilizan las empresas o personas naturales. Entre 2014 y 2020, la compañía de Vargas Pulido movió -como propietaria de la madera- más de 4 mil m3 de ocho especies maderables. Sin embargo, el mayor volumen (67,4% de todo lo movilizado) corresponde a shihuahuaco, un árbol sobreexplotado en nuestro país, y cuya eventual extinción ya ha sido alertada por científicos.

La revisión de las guías de transporte forestal también muestra que la comunidad indígena de Paoyhan -implicada en la intervención fiscal de agosto de 2015- fue la principal proveedora de madera del Grupo Vargas en todo el período analizado. Y, aunque solo abasteció a la empresa entre 2014 y 2015, esta comunidad concentró el 33,8% de lo adquirido a otras 11 titulares de concesiones forestales en seis años.

Luego de la intervención de la fiscalía en el 2015, la comunidad de Paoyhan no volvió a comercializar madera con el Grupo Vargas. No obstante, la compañía no ha detenido su producción ni exportaciones, concentradas en su mayoría a China, que superan los 660 mil dólares desde el 2020.

La directora del Programa de Gobernanza Ambiental de Proética, Magaly Ávila, explicó que en las redes de corrupción están alineados los funcionarios públicos, promotores de actividades ilegales como el tráfico de tierras, tala ilegal o narcotráfico; y empresarios con supuestas actividades legales.

“[Algunos empresarios] buscan una imagen de legalidad para operar y ocultar sus actividades ilegales […] En el caso del señor Vargas tenemos conocimiento de que ha estado involucrado en presunta extracción ilegal de madera y, pese a las evidencias, se le devolvió sus lotes [de madera] inmovilizados”, recordó.

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