Detectan cobros indebidos en colegios públicos de Ucayali
Durante varios días la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali llevó a cabo la supervisión sobre el proceso de matrícula que se va desarrollando en 21 instituciones educativas públicas ubicadas en la provincia de Coronel Portillo. Los defensores encargados pudieron comprobar que, se viene efectuando cobros indebidos para proceder con la matrícula de los(as) estudiantes.
La lista de colegios donde se evidenciaron los cobros indebidos están ubicados en los distritos de Callería, I.E. 65003 ex 1220, Miguel Grau, Agropecuario y Santa Rosa; Manantay: Oswaldo Lima Ruiz, José Abelardo Quiñones y Nuevo Pucallpa; Yarinacocha: José Faustino Sánchez Carrión, Yarinacocha, Diego Ferré Sosa, Edita Brito Mayo, La Perla y Elías Aguirre.
Durante el recorrido se evidenció que en tres instituciones educativas se realizaban cobros por concepto de matrícula. También, que en 10 colegios públicos se exigía el pago de diversas sumas por conceptos como la obtención del formulario único de trámite, certificados de conducta, retiros de documentos, libretas de notas, constancias de estudios, duplicados de libretas y actas de evaluación.
Otra irregularidad detectada fue descubrir que 14 de las escuelas supervisadas no se cumple con los protocolos de bioseguridad aprobados por el Ministerio de Salud, para evitar contagios de la Covid-19. Asimismo, en 4 colegios públicos, el proceso de matrícula era atendido también por miembros de las asociaciones de padres de familia (Apafa).
Además se pudo observar que 12 instituciones educativas no habían recibido asistencia técnica ni capacitación de parte del Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación de Ucayali o de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL).
Ante ello, la jefa de la Oficina Defensorial de Ucayali, Katheryne Chamoly, instó a las y los directores de las escuelas a disponer inmediatamente el cese de los pagos indebidos y la devolución del dinero cobrado a padres y madres de familia.
Cabe mencionar que, la Apafa no debe interferir en proceso de matrícula. Además, las UGEL deben velar para que las instituciones educativas públicas no efectúen cobros, requerimientos ni condicionamientos de ningún tipo que afecten el acceso a la educación. Tampoco deben pedir a las familias documentos o requisitos no establecidos en las normas.
Por ello, mediante un documento dirigido a la UGEL de Coronel Portillo, Chamoly exigió que se garantice el derecho a la educación pública gratuita bajo los lineamientos que han sido establecidos por el sector Educación, evitando en todo momento el cobro de dinero por ningún concepto y cumpliendo las medidas sanitarias vigentes. (Claudia Rojas)