Sentencian a 2 “burriers”que cayeron con 14.9 kgs.cocaína
Huallaga. – La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de San Martín, obtuvo 10 años y 4 meses de cárcel y el pago de 25 mil soles como reparación civil, para dos sujetos que pretendían traficar de manera ilícita más de 14 kilos de pasta básica de cocaína, en la provincia de Huallaga.
La medida judicial se dictó a José Olmedes Acha Alberca (30) y Rubén Soto Cruz (38), quienes fueron hallados culpables por el delito de tráfico ilícito de drogas, en la modalidad de favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas, mediante actos de tráfico.
Por parte del Ministerio Público, el fiscal adjunto provincial antidrogas, Rubén Daniel Quispe Martínez, refirió que la condena fue posible gracias a pruebas documentales y declaraciones testimoniales que sustentaron su acusación.
Asimismo, resaltó que ‘la sanción en este hecho evitó el daño a la salud física y emocional de potenciales consumidores locales y nacionales de la ilícita sustancia, además de reducir otros peligros y delitos que afectan la estructura de la sociedad en todos sus aspectos’.
Como se recuerda, el pasado 22 de febrero del 2020, los sentenciados fueron detenidos a bordo de dos motocicletas a la altura del cruce de la carretera a Sacanche, transportando un total de 14.923 kilos de droga al interior de una mochila, mercancía que antes adquirieron en el distrito de Piscoyacu, con fines de comercialización.
Cabe señalar que los condenados continuarán recluidos en el penal de Juanjuí donde anteriormente permanecían bajo prisión preventiva, mientras que un tercer involucrado, José Rosario Alberca Acha, quien fugó el día de los hechos, aún se encuentra con paradero desconocido, por lo que se ordenó su ubicación y captura inmediata para ser procesado.
Contralor General anunció que al cierre del primer trimestre se tendrían más de 300 OCI absorbidas por la CGR
Contraloría insta a consejeros y regidores a apoyar en el control gubernamental
Con la participación de casi 400 consejeros regionales y regidores municipales, la Contraloría General de la República (CGR) llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional con Autoridades Subnacionales, con la finalidad de discutir las alternativas que permitan fortalecer la capacidad de fiscalización de consejeros regionales y regidores municipales, y así puedan apoyar en la labor del control gubernamental en el Perú.
“Por más esfuerzos que hagan los consejeros regionales y regidores municipales, hoy tienen una capacidad bastante limitada para poder fiscalizar y esa es una función que a la Contraloría le interesa potenciar para que nos ayuden a vigilar el buen uso de los recursos públicos”, comentó el contralor general, Nelson Shack.
Durante su participación en el evento, mencionó que al año se ejecutan más de 30 mil obras públicas y se realizan más de 50 mil contrataciones de bienes y servicios a través del Estado, pero la Contraloría no puede cubrir todas esas actividades, por lo que resulta importante conseguir el apoyo de la ciudadanía en esa labor, así como de los consejeros regionales y regidores municipales.
Como parte del fortalecimiento de la labor de control gubernamental en el 2021, indicó que al finalizar el primer trimestre o en el transcurso de abril se habrá culminado el proceso de absorción administrativa de más de 300 Órganos de Control Institucional (OCI), entre los cuales están de todos los Gobiernos Regionales y las Municipalidades Provinciales.
“Esto va a cambiar dramáticamente la relación que hay entre la OCI con la entidad auditada, ya que serán oficinas autónomas e independientes, ya que dejarán de depender del presupuesto de cada entidad. Ese es un esfuerzo presupuestal enorme que está haciendo la Contraloría”, anotó.
Otra alternativa planteada por el Contralor General a las autoridades subnacionales, es el fortalecimiento de sus conocimientos en materia de fiscalización, y para lo que puso a disposición un conjunto de talleres y seminarios virtuales acreditados por la Escuela Nacional de Control (ENC) que permitirán brindar conocimientos básicos en gestión pública.
Además reiteró que luego de recoger las opiniones de los consejeros y regidores se enviará al Congreso de la República un proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y realizar algunas precisiones para fortalecer la capacidad fiscalizadora de estas autoridades.
“Eso implica dotarlos de ciertos recursos para que puedan disponer de profesionales especializados y esos recursos saldrán del proceso de absorción de las OCI”, añadió. La iniciativa legislativa podría enviarse al Parlamento durante la quincena del mes de marzo.
Balance 2020 y Agenda 2021
Shack Yalta mencionó que en el año 2020, la Contraloría ejecutó más de 26 500 informes de control en sus diversas modalidades, de las cuales solo los servicios de control posterior permitieron determinar más de 12 000 presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales que involucran a casi 6200 funcionarios públicos.
“En materia de COVID-19, en el año 2020 se emitieron 11 516 informes ya que en buena parte del año estuvimos en modo COVID. Esta pandemia nos ha sumido en una profunda crisis sanitaria y económica de la cual todavía no salimos pero que ocurrirá cuando se vacune masivamente a nuestros compatriotas”, manifestó.
Con miras al 2021, el titular de la Contraloría mencionó que se tiene previsto realizar 26 800 servicios de control, pero hay dos temas fundamentales que marcan la agenda del control gubernamental en el primer semestre como son: el proceso de vacunación contra la COVID-19 para lo cual se han desplegado más de 500 auditores; y las Elecciones Generales 2021.
Por otro lado, señaló que durante el presente y el próximo año se espera realizar un Mega Operativo de Control Regional en cada región del país, con lo cual se desplegarán cientos de auditores que ayuden a combatir los casos de corrupción e inconducta funcional a nivel nacional.
Asimismo, mencionó que en transcurso del segundo cuatrimestre del 2021 se retomen las Jornadas de Supervisión y Despacho Contralor en las diferentes provincias del país, con la finalidad de verificar el desarrollo del control gubernamental a nivel nacional y así combatir casos de corrupción e inconducta funcional que se presenten en sus respectivas jurisdicciones.