Emapa San Martín detecta conexiones clandestinas
En horas de la mañana del día miércoles 18 de noviembre del año en curso, personal técnico y de la gerencia de asesoría jurídica de Emapa San Martín, acompañados de efectivos policiales de la Comisaría PNP del distrito de Morales, se constituyeron al Sector Codo Achual – La Ramada en el mencionado distrito, con la finalidad de realizar la constatación del tendido de tuberías que venían realizando pobladores de dicho lugar para conectarse de manera irregular a la línea de abastecimiento de agua potable.
Los pobladores de este sector realizaron excavaciones y efectuado el tendido de un aproximado de 500 metros de longitud de tubería PVC de una pulgada para conectarse y abastecerse de forma clandestina de agua potable en perjuicio de los usuarios que legal y puntualmente pagan por el servicio.
En su defensa los pobladores argumentaron que el tendido de la tubería lo realizaron luego de haber coordinado con la municipalidad distrital de Morales, a fin de ir avanzando mientras se realiza las gestiones ante la EPS.
La gerente comercial; Ing. Margot Vásquez Panduro, junto al Ing. Rooswelth Arévalo Ramírez; jefe de la oficina de distribución, que llegaron al lugar trataron de explicarles a los pobladores del ilícito penal que estaban cometiendo y que no existe las condiciones técnicas para otorgar factibilidad y realizar dicha conexión. Frente a esta situación se planteó una posible solución que sería la instalación de piletas públicas previo estudio y evaluación técnica correspondiente.
En este sentido, Emapa San Martín procede de acuerdo a las normas efectuando la denuncia penal correspondiente, por lo que exhorta a la población a no cometer este tipo de hechos ilícitos, ya que de acuerdo al Código Penal, este tipo de accionar es considerado como delito de hurto de agua o bienes y es sancionado con seis años de pena privativa de libertad y en los casos en que se atente contra la infraestructura de las empresas prestadoras de servicios públicos de saneamiento, la pena será hasta de ocho años de pena privativa de libertad.