Fiscalía pide impedimento de salida del país contra Luis Arce

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El Ministerio Público solicitó el impedimento de salida del país por 18 meses contra el fiscal supremo Luis Arce Córdova por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.

La Fiscalía precisó que el exmagistrado del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) incrementó su patrimonio desde que asumió funciones como juez especializado de la Corte Superior de Justicia de Lima en 1994.

“Se aprecia que el denunciado Arce Córdova, dentro de su periodo funcional registra la adquisición de numerosos bienes inmuebles y muebles, como son la adquisición de siete predios, cinco de los cuales los adquirió en el año 2017 (…) Igualmente, se aprecia que (se) registra como propietario de cinco vehículos, siendo la adquisición en compraventa de cuatro vehículos en los años 2002, 2003, 2006 y 2007″, se lee en el documento.

Incluso, la entidad dirigida por Zoraida Ávalos pudo conocer que el hijo de Arce Córdova, Luis Arce Acosta, también estaría involucrado con la compra de bienes muebles.

“El despacho de la Fiscalía de la Nación informó que ha verificado que el hijo del investigado, de nombre Luis Carlos Arce Acosta, que a la fecha de inicio de las investigaciones contaba con 25 años de edad, adquirió vía compraventa siete vehículos, uno de ellos lo adquirió con fecha 1 de marzo de 2013, cuando tenía 18 años de edad”, agregó.

Tras el requerimiento del Ministerio Público, el Poder Judicial determinó realizar la audiencia de impedimento de salida del país contra Luis Arce Córdova el miércoles 7 de julio a las 9.00 a. m. Se precisó que la sesión será virtual por el contexto de la COVID-19.

El Ministerio Público decidió abrir una investigación preliminar contra Luis Arce Córdova, el suspendido miembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE); el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos; el comandante EP (r) Pedro Rejas Tataje y el abogado Guillermo Sendón.

Asimismo, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Funcionarios Públicos consideró necesario realizar todas las diligencias en un plazo superior a los 60 días tras declararse “compleja” dicha exploración.

En efecto, de acuerdo a la ley orgánica de este despacho fiscal, se decidió investigar a los cuatro mencionados por la presunta comisión de delitos de cohecho pasivo específico tipificado en los artículos 395 y 398 del Código Procesal Penal.

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